Concentra pobreza población indígena y rural; Economía Social, vía para superarla

Comunicado 11/2025

Septiembre 12, 2025

• *  En México 61% de la población indígena vive en pobreza y 23% en pobreza extrema

• *  En zonas rurales, 45% de la población vive en pobreza y 14% en pobreza extrema

• *  En tres estados del Sur del país 59% de la población es pobre; en contraste, en 4 estados del Norte solamente 13%

• * Impulsar la Economía Social contribuye a superar la pobreza, en particular de personas indígenas y de quienes viven en zonas rurales, sostienen especialistas

México es un país con desigualdades económicas contrastantes, en donde la población indígena y la que vive en zonas rurales sigue estancada en la pobreza y con pocas alternativas para salir de esa condición, por eso la economía social representa una alternativa real para mejorar su ingreso y crear empleo en condiciones dignas.

Los recientes datos de medición multidimensional de la pobreza, presentados por el INEGI, muestran que 61% de la población indígena en el país vive en pobreza, lo que contrasta con la población no indígena donde el porcentaje que vive en pobreza es el 26%. La distancia es 2.3 veces.

En pobreza extrema el contraste es 7 veces más: 23% de la población indígena vive en pobreza extrema, contra 3% de la población no indígena.

En el ámbito rural, 45% de la población está en condición de pobreza, contra 25% de quienes viven en zonas urbanas; y en pobreza extrema son 14% contra 3%.

Ese panorama dio marco a la cuarta mesa de análisis titulada“Economía social, vía productiva frente a la pobreza indígena y rural” de la serie De los datos a las acciones efectivas realizada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Durante el diálogo en que participaron Alejandra Hass, directora ejecutiva de OXFAM México, y Alberto Irezabal, director del Centro Internacional de Investigación de Economía Social y Solidaria (CIIES) de la Universidad Iberoamericana, se destacó la realidad de contrastes que marca al país, en donde la Economía Social puede ser un aporte para que millones de familias puedan superar la condición histórica de pobreza en la que viven.

Contrastes entre Sur y Norte

La pobreza en el país está más acentuada en el Sur que en el Norte.

En Chiapas, 2/3 de la población, casi 4 millones de personas, viven en pobreza y más de 1/4, 1.6 millones de personas, en pobreza extrema.

En tanto, en Guerrero, 6 de cada 10 personas, más de 2 millones de personas viven en pobreza y más de 1/5, casi 800 mil personas,en pobreza extrema.

Mientras que en Oaxaca, más de la mitad de la población, 2.2 millones de personas, viven en pobreza y casi 700 mil en pobreza extrema

Solamente en estos 3 estados casi 6 de cada 10 personas viven en pobreza (59%) son 8.2 millones, y más de 1 de cada 5, casi 700 mil, en pobreza extrema (22%).

En contraste, en cuatro estados del norte: Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, con similar cantidad de población, solamente 13% de la población (1.8 millones de personas) viven en pobreza y 1% (171 mil personas) en pobreza extrema.

De la población nacional, los 3 estados del sur representan 10.5% y los 4 del norte, casi igual: 10.9%; sin embargo, mientras que los del norte aportan 5% de la pobreza nacional y sólo 1% en pobreza extrema, los del sur 20% de la pobreza nacional y 44% en extrema.

Economía Social, el camino efectivo

Urge cambiar este nivel de desigualdad en el país, y ante las causas estructurales que generan pobreza, una oportunidad para superarla son las empresas de Economía Social, entendidas como unidades económicas de propiedad colectiva, con el modelo de las cooperativas creadas por organizaciones sociales productivas.

Impulsarlas implica darles visibilidad y reconocimiento público, mejorar su acceso a fondos de inversión y financiamiento, avanzar en su acceso a mercados y vías de comercialización, favorecer la profesionalización y formación de cuadros y contar con un mejor marco normativo y políticas de fomento.

Adriana Gómez-Chico, responsable de economía social en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y secretaria técnica del Grupo Promotor de la Economía Social, refirió que en el país hay más de 5 mil empresas de este tipo con fines económicos, sociales y ambientales inseparables, incrementando el desarrollo local en los territorios.

Detalló que la Economía Social aporta el 1.6% del PIB a nivel nacional y las empresas sociales contribuyen con el 24% de este total. Además, en 2018 generaron más de 1.7 millones de puestos de trabajo.

Alejandra Hass destacó que hay diversas barreras que dificultan que la Economía Social pueda ser un mecanismo efectivo para superar la pobreza en comunidades indígenas y rurales, como la financiera, la falta de políticas públicas adecuadas y efectivas, así como discriminación.

“Las fallas estructurales de la política pública, si no ponen atención en las personas que han estado desde hace muchos años en una situación de desigualdad y de pobreza, hay un comportamiento discriminatorio de parte de quienes hacen política pública, de quienes hacen legislación y de quienes asignan presupuesto”, indicó. “Ni el sector financiero ni el gubernamental han tenido a la Economía Social como un objetivo, y por lo tanto el acceso a créditos y a todo tipo de facilidades simplemente no los hay”.

En tanto, Alberto Irezabal refirió que la gran contradicción es que justamente en los territorios de mayor pobreza que habitan los pueblos indígenas es donde hay gran parte de la biodiversidad del país y las comunidades indígenas son quienes la custodian en condiciones desfavorables.

Explicó que eso limita para esta población el acceso a todo tipo de recursos, a la salud, a la formación, a los mercados. En muchos de los territorios indígenas y rurales, hay intermediarios que controlan los mercados y fijan los precios al pequeño productor de muchos productos. Se apropian del excedente de diversas cadenas de valor y eso empobrece a las comunidades. Estas condiciones dificultan muchísimo la consolidación de las organizaciones productivas de la economía social..

Los ponentes consideraron la necesidad de destinar recursos y fondos para escalar las oportunidades y beneficios que brinda la Economía Social, especialmente como la vía económica y productiva en las comunidades rurales e indígenas con mayor rezago social, así como un marco legal que la facilite e impulse con políticas públicas hechas a la medida de cada comunidad, además de reforzar la articulación de diversos actores como el sector privado, académico y de organizaciones sociales.

Fomentar y acompañar a las organizaciones comunitarias desde una perspectiva que les garantice autonomía y empoderamiento económico, es apostarle a reconstruir el tejido social en el país, concluyeron.

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