Resultados de la búsqueda

Pronunciamiento por el Día Mundial de la Salud La salud en México, un derecho fundamental, se ve obstaculizada por barreras estructurales como la segmentación del sistema público y el gasto de bolsillo. Este artículo, basado en el pronunciamiento de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, explora cómo estas deficiencias impactan especialmente a la población vulnerable. Analizamos las carencias, la reducción de atenciones y los abusos en el sector privado, proponiendo soluciones urgentes para garantizar un acceso universal y equitativo. La transformación del sistema es clave para superar la discriminación y asegurar el bienestar de todos.

7 de sept 2021 La Voz de las Comunidades Frente al Uso Electoral de Programas Sociales En México, la pobreza y la desigualdad siguen siendo un terreno fértil para el clientelismo político. Con más de la mitad de la población (52.8%) sin ingresos suficientes para lo más básico, y un 67.6% con alguna carencia social, millones de personas son vulnerables a prácticas de coacción y condicionamiento con fines electorales. En este contexto, y en medio del proceso electoral 2020-2021 y la emergencia sanitaria por COVID-19, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza impulsó la "Red de Escucha Comunitaria". A través de 78 "puntos centinela" en 71 localidades de 46 municipios de 10 entidades federativas, este ejercicio de observación electoral buscó documentar, visibilizar e inhibir la compra y coacción del voto, y el condicionamiento de programas sociales, incluyendo el de vacunación anti-Covid-19. ¿Qué nos dijeron las 949 personas que participaron en estas comunidades con altos índices de rezago social? Los resultados de este Primer Ejercicio de la Red de Escucha Comunitaria son reveladores. Si bien se percibe una madurez política y una disminución de las acciones ilegales, la compra del voto persiste. Este informe final detalla los hallazgos sobre el uso político de la pobreza, el desempeño del gobierno en el proceso de vacunación, y las prácticas de condicionamiento electoral, ofreciendo una radiografía cruda de los problemas que enfrentan estas comunidades y el camino a seguir para fortalecer la democracia y la exigencia de derechos. Acompáñanos a descubrir las voces y las reflexiones que surgieron desde las comunidades más marginadas de México. Descarga aquí

Pronunciamiento - Agosto 17, 2021 Trabajo Digno y Protección Social: La Fórmula de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza La pobreza en México es un desafío que exige una respuesta integral. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone una fórmula clara y contundente: Trabajo Digno y un Sistema Universal de Salud y Protección Social. Con base en datos de CONEVAL e INEGI, nuestra organización identifica las carencias sociales y la insuficiencia de ingresos como los principales obstáculos para millones de personas. Te invitamos a conocer las 10 acciones inmediatas que proponemos para transformar esta realidad, enfocadas en mejorar los ingresos, garantizar los derechos laborales y construir las piezas fundamentales de un sistema de protección social universal. Descarga aquí

30 de octubre, 2020 El reporte "La muerte tiene permiso" de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza analiza la mortalidad en México, revelando un exceso de muertes en 2020 (incluyendo COVID-19) y la persistencia de decesos evitables, especialmente entre la población en pobreza extrema. Destaca fallas estructurales del sistema de salud (financiamiento, inequidad, fragmentación, abandono de la atención primaria) y propone un sistema universal con calidad y equidad, con un llamado urgente a la acción. Descarga aquí:

Descarga aquí

4to reporte del Observatorio de Trabajo Digno 15 millones de personas con trabajo asalariado carecen de afiliación a la seguridad social (43%). Esta violación es aún peor para quienes trabajan en agricultura (85%) y construcción (70%) Trabajar mucho no garantiza salario suficiente ni tampoco derechos laborales básicos, reporta Observatorio de Trabajo Digno Hay una mejora en condiciones salariales de 858 mil personas con trabajo asalariado, por lo que se debe mantener la recuperación gradual del salario mínimo El 4º reporte del Observatorio de Trabajo Digno presenta datos actualizados sobre desempleo así como sobre las condiciones laborales de quienes tienen trabajo asalariado, conforme al derecho humano al trabajo digno (decent work)

Compromisos de las personas, la sociedad civil y los gobiernos para enfrentar las amenazas y secuelas del COVID-19 para quienes viven en pobreza México enfrenta una doble crisis, sanitaria y económica, que amenaza con profundizar las desigualdades históricas del país. Para quienes viven "al día", recomendaciones como el aislamiento social o el lavado frecuente de manos resultan casi imposibles de cumplir debido a la falta de ingresos estables y servicios básicos. Ante este panorama, un grupo multidisciplinario de expertos presenta un diagnóstico urgente y una serie de propuestas para proteger a la población más vulnerable. Desde la unificación del sistema de salud hasta la creación de esquemas de apoyo al ingreso laboral, estas acciones buscan no solo mitigar la emergencia actual, sino sentar las bases para una recuperación económica más justa y resiliente. Explora en este artículo las rutas propuestas para enfrentar la pandemia con solidaridad y justicia social. Descarga aquí

16 de octubre, 2018 Descarga aquí

En México, enfrentar la pobreza requiere ir más allá de la medición de ingresos; es necesario adoptar el enfoque de derechos humanos establecido en el artículo 1º constitucional. Un estudio de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza revela que la mitad de la población carece de ingresos suficientes para la canasta básica, una cifra estancada desde hace 25 años. Para romper este ciclo, el análisis propone transformar las políticas públicas mediante: Garantía de DESCA: Asegurar servicios universales de salud, educación y seguridad social con calidad y equidad. Enfoque en el ciclo de vida: Atender brechas críticas desde la primera infancia hasta la vejez. Política fiscal redistributiva: Asignar el máximo de recursos disponibles para proteger a los grupos más vulnerables. Es momento de que el Estado pase de programas asistencialistas a una verdadera macropolítica de protección social universal. Descarga aquí

La Agenda 2030 plantea el desafío de "no dejar a nadie atrás", lo que nos obliga a enfrentar la desigualdad desde una perspectiva territorial para evitar que existan regiones aventajadas y otras sistemáticamente rezagadas. Descarga aquí:

Descarga aquí

13 de sept. 2017 Com.12/17 La pobreza y la desigualdad aún impiden el ejercicio de derechos básicos para millones de mexicanos. Las brechas de desigualdad se han incrementado para indígenas, estados del sur,   quienes viven en zonas rurales, y entre los que mas y menos tienen. Urge un nuevo modelo económico y social que permita igualdad de oportunidades, mejora de ingresos y un “piso” de derechos sociales para todos. Las declaraciones triunfalistas del Presidente y de varios secretarios del gobierno federal carecen de sustento y parecen más bien actos de precampaña electoral.   Las cifras de la medición de la pobreza dadas a conocer por CONEVAL no sustentan el festejo.  Por el contrario, obligan a una revisión a fondo del modelo económico y social que impulsan tanto el gobierno federal, como los gobiernos locales.  Todavía hay millones de personas que no ejercen sus derechos básicos y que no cuentan con ingreso suficiente para la sobrevivencia.  Hay “reducciones” que no mejoran las condiciones de vida de las personas, sino sólo reflejan un cambio en la forma de responder o de medir las carencias. En algunos casos se trata de cifras “maquilladas” o al menos, no comparables y que no reflejan cambios recientes.  Se requiere un nuevo rumbo con acciones urgentes y de mediano plazo para enfrentar la pobreza y la desigualdad de manera efectiva.  1) Los datos duros De acuerdo con las cifras de CONEVAL para 2016: La mitad de la población (50.6%) carece de ingreso suficiente para adquirir lo más básico para sobrevivir. Son 62 millones de personas. Solo el 6% de las personas indígenas no presentan carencias sociales o de ingreso. Casi 3 de cada 4 viven en pobreza (72%) y 4 de cada 10 no tienen ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria (42%). Los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz aumentaron su población en pobreza, ampliando la brecha de desigualdad entre el sur y el norte.  La falta de seguridad social afecta 68 millones y medio de personas (56%). Esto pese a que la forma de medir la carencia no contabiliza a quienes reciben programas sociales de adultos mayores, aunque no tengan salud o pensión del IMSS o ISSSTE. 2) Las apariencias engañan Por otra parte, no hay sustento para festinar carencias que no han mejorado las condiciones de vida ni mucho menos el ejercicio de derechos de las personas. Se trata de cifras no comparables que en muchos casos no cambian la realidad.  Las mínimas reducciones en la carencia “rezago educativo” se explican sobretodo por que niñas y niños menores de 6 años que asisten a guarderías ahora son considerados en “educación preescolar” pese a que su funcionamiento y actividades sigan siendo iguales, y en realidad sean espacios de cuidado y no centros educativos. Las reducciones en la carencia por “acceso a servicios de salud” se explican sobretodo –desde hace 15 años al menos – por la afiliación de quienes carecen de seguridad social, al “Seguro Popular”.  Sin embargo, esta afiliación no garantiza su acceso efectivo a los servicios.  Además de que de acuerdo al mandato de la Ley, esta carencia debería estar en “cero” por el compromiso de la cobertura universal en salud que debería haberse alcanzado en 2010.  Especial cuidado debe tenerse con la “reducción” de la pobreza extrema.   Parecería que México por fin está logrando reducir esta condición inhumana de carencia aguda a “menos de un dígito”. El dato oficial para 2016 la ubica en 7.3% y contabiliza “únicamente” a 9.4 millones de personas en esta situación. En realidad, y también con los datos oficiales de CONEVAL, sabemos que hay más de 21 millones de personas que carecen de ingreso insuficiente para adquirir alimentos.  Estos 21 millones de mexicanos, son el 17.5% de la población. De acuerdo a parámetros internacionales se ubican en condición de pobreza extrema por carecer el ingreso suficiente para una canasta mínima de alimentos. Estarían en “pobreza alimentaria” de acuerdo a las categorías usadas en México hace pocos años.  Esta condición extrema afecta especialmente a la población indígena: 42%. Y también a quienes viven en zonas rurales: 29%.   En algunos estados del sur del país, una gran parte de la población carece de ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria. En Chipas es la mitad de la población (49.9%); en Oaxaca son 4 de cada 10 (40.2%); en Guerrero es más de la tercera parte (35.2%); en Veracruz es casi la tercera parte de la población (30.6%), que se ubican en “pobreza extrema por ingresos”. 3) Urge un nuevo rumbo para crear un modelo que logre cohesión social Desde la sociedad civil no aceptamos que las cifras sirvan para festinar o para denostar como actos de campaña.  Los discursos políticos que no generan propuestas de cambio para hacer frente a la pobreza y la desigualdad de manera efectiva, solo persiguen fines electorales y ningún efecto social.  La medición de la pobreza constituye un llamado de atención que exige acciones inmediatas. No podemos esperar al próximo gobierno, hay medidas urgentes que se pueden tomar desde el gobierno federal y desde los gobiernos locales.   Especial responsabilidad tienen los gobernadores que iniciaron su mandato en 2015 ó 2016.  La gran mayoría cuentan con tiempo suficiente para hacer un cambio de rumbo y romper la inercia de programas dispersos, clientelistas, paternalistas y disociados del desarrollo regional, el fomento productivo y las políticas de inversión. No habrá resultados sustanciales y sostenidos frente a la pobreza y la desigualdad si no se abandonan políticas empobrecedoras. Tampoco si no se establecen modelos incluyentes y que reduzcan brechas de desigualdad. Tres medidas son urgentes desde el gobierno federal: Erradicar la política de contención del salario mínimo (SM). La CONASAMI sigue una política que genera pobreza.  Incrementar recursos para mejorar ingresos de productores en pobreza. Minimizar el espacio para el clientelismo, el uso electoral y la corrupción en el presupuesto.  Tres acciones son urgentes en los gobiernos estatales: Priorizar las políticas para la movilidad social y la igualdad de oportunidades, desde la primera infancia hasta la juventud. En especial, garantizar el desarrollo pleno del cerebro durante los primeros mil días de vida; promover la permanencia escolar de adolescentes y jóvenes hasta concluir el ciclo secundario y generar opciones de 2ª oportunidad para jóvenes que no lo concluyeron.   Garantizar acceso efectivo a la salud con los recursos del “Seguro Popular”. Generar mecanismos de coinversión tripartita: Gobierno – Empresa – Sociedad Civil, creando un nuevo modelo de alianzas PPS: Público – Privado – Social. Tres medidas serían muy útiles desde el Legislativo: Aprobar la creación de un “Registro Ciudadano para la Inclusión Social” que funcione como padrón único y obligatorio para la asignación de todo tipo de subsidios y apoyos de los gobiernos federal, estatal y municipales, con enfoque de derechos y garantizando su transparencia, objetividad y vigilancia ciudadana.  Asignar presupuesto con base en resultados. Evitar los incrementos a los programas que sirven para “moches”, fortalecer los candados para evitar la desviación de recursos para la salud y para infraestructura social, así como incrementar presupuesto únicamente a programas con resultados (y no solo por su “nombre” o “propósito” declarado).  Reducir el financiamiento público  a los partidos, la propaganda gubernamental y prohibir los bonos y pagos extraordinarios. Tres acciones desde la ciudadanía: Vigilar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y de los 32 Sistemas Locales Anticorrupción, evitando su captura por los partidos, los poderes fácticos y los intereses de minorías. Exigir que las autoridades electorales investiguen y sancionen el uso de programas sociales y recursos públicos en campañas políticas. Castigar y sancionar cultural y políticamente a candidatos y partidos que “regalen” cosas en sus campañas, que lucren con la pobreza, que usen recursos públicos o programas destinados a lo social para fines proselitistas.