13 de sept. 2017 Com.12/17 La pobreza y la desigualdad aún impiden el ejercicio de derechos básicos para millones de mexicanos. Las brechas de desigualdad se han incrementado para indígenas, estados del sur,   quienes viven en zonas rurales, y entre los que mas y menos tienen. Urge un nuevo modelo económico y social que permita igualdad de oportunidades, mejora de ingresos y un “piso” de derechos sociales para todos. Las declaraciones triunfalistas del Presidente y de varios secretarios del gobierno federal carecen de sustento y parecen más bien actos de precampaña electoral.   Las cifras de la medición de la pobreza dadas a conocer por CONEVAL no sustentan el festejo.  Por el contrario, obligan a una revisión a fondo del modelo económico y social que impulsan tanto el gobierno federal, como los gobiernos locales.  Todavía hay millones de personas que no ejercen sus derechos básicos y que no cuentan con ingreso suficiente para la sobrevivencia.  Hay “reducciones” que no mejoran las condiciones de vida de las personas, sino sólo reflejan un cambio en la forma de responder o de medir las carencias. En algunos casos se trata de cifras “maquilladas” o al menos, no comparables y que no reflejan cambios recientes.  Se requiere un nuevo rumbo con acciones urgentes y de mediano plazo para enfrentar la pobreza y la desigualdad de manera efectiva.  1) Los datos duros De acuerdo con las cifras de CONEVAL para 2016: La mitad de la población (50.6%) carece de ingreso suficiente para adquirir lo más básico para sobrevivir. Son 62 millones de personas. Solo el 6% de las personas indígenas no presentan carencias sociales o de ingreso. Casi 3 de cada 4 viven en pobreza (72%) y 4 de cada 10 no tienen ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria (42%). Los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz aumentaron su población en pobreza, ampliando la brecha de desigualdad entre el sur y el norte.  La falta de seguridad social afecta 68 millones y medio de personas (56%). Esto pese a que la forma de medir la carencia no contabiliza a quienes reciben programas sociales de adultos mayores, aunque no tengan salud o pensión del IMSS o ISSSTE. 2) Las apariencias engañan Por otra parte, no hay sustento para festinar carencias que no han mejorado las condiciones de vida ni mucho menos el ejercicio de derechos de las personas. Se trata de cifras no comparables que en muchos casos no cambian la realidad.  Las mínimas reducciones en la carencia “rezago educativo” se explican sobretodo por que niñas y niños menores de 6 años que asisten a guarderías ahora son considerados en “educación preescolar” pese a que su funcionamiento y actividades sigan siendo iguales, y en realidad sean espacios de cuidado y no centros educativos. Las reducciones en la carencia por “acceso a servicios de salud” se explican sobretodo –desde hace 15 años al menos – por la afiliación de quienes carecen de seguridad social, al “Seguro Popular”.  Sin embargo, esta afiliación no garantiza su acceso efectivo a los servicios.  Además de que de acuerdo al mandato de la Ley, esta carencia debería estar en “cero” por el compromiso de la cobertura universal en salud que debería haberse alcanzado en 2010.  Especial cuidado debe tenerse con la “reducción” de la pobreza extrema.   Parecería que México por fin está logrando reducir esta condición inhumana de carencia aguda a “menos de un dígito”. El dato oficial para 2016 la ubica en 7.3% y contabiliza “únicamente” a 9.4 millones de personas en esta situación. En realidad, y también con los datos oficiales de CONEVAL, sabemos que hay más de 21 millones de personas que carecen de ingreso insuficiente para adquirir alimentos.  Estos 21 millones de mexicanos, son el 17.5% de la población. De acuerdo a parámetros internacionales se ubican en condición de pobreza extrema por carecer el ingreso suficiente para una canasta mínima de alimentos. Estarían en “pobreza alimentaria” de acuerdo a las categorías usadas en México hace pocos años.  Esta condición extrema afecta especialmente a la población indígena: 42%. Y también a quienes viven en zonas rurales: 29%.   En algunos estados del sur del país, una gran parte de la población carece de ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria. En Chipas es la mitad de la población (49.9%); en Oaxaca son 4 de cada 10 (40.2%); en Guerrero es más de la tercera parte (35.2%); en Veracruz es casi la tercera parte de la población (30.6%), que se ubican en “pobreza extrema por ingresos”. 3) Urge un nuevo rumbo para crear un modelo que logre cohesión social Desde la sociedad civil no aceptamos que las cifras sirvan para festinar o para denostar como actos de campaña.  Los discursos políticos que no generan propuestas de cambio para hacer frente a la pobreza y la desigualdad de manera efectiva, solo persiguen fines electorales y ningún efecto social.  La medición de la pobreza constituye un llamado de atención que exige acciones inmediatas. No podemos esperar al próximo gobierno, hay medidas urgentes que se pueden tomar desde el gobierno federal y desde los gobiernos locales.   Especial responsabilidad tienen los gobernadores que iniciaron su mandato en 2015 ó 2016.  La gran mayoría cuentan con tiempo suficiente para hacer un cambio de rumbo y romper la inercia de programas dispersos, clientelistas, paternalistas y disociados del desarrollo regional, el fomento productivo y las políticas de inversión. No habrá resultados sustanciales y sostenidos frente a la pobreza y la desigualdad si no se abandonan políticas empobrecedoras. Tampoco si no se establecen modelos incluyentes y que reduzcan brechas de desigualdad. Tres medidas son urgentes desde el gobierno federal: Erradicar la política de contención del salario mínimo (SM). La CONASAMI sigue una política que genera pobreza.  Incrementar recursos para mejorar ingresos de productores en pobreza. Minimizar el espacio para el clientelismo, el uso electoral y la corrupción en el presupuesto.  Tres acciones son urgentes en los gobiernos estatales: Priorizar las políticas para la movilidad social y la igualdad de oportunidades, desde la primera infancia hasta la juventud. En especial, garantizar el desarrollo pleno del cerebro durante los primeros mil días de vida; promover la permanencia escolar de adolescentes y jóvenes hasta concluir el ciclo secundario y generar opciones de 2ª oportunidad para jóvenes que no lo concluyeron.   Garantizar acceso efectivo a la salud con los recursos del “Seguro Popular”. Generar mecanismos de coinversión tripartita: Gobierno – Empresa – Sociedad Civil, creando un nuevo modelo de alianzas PPS: Público – Privado – Social. Tres medidas serían muy útiles desde el Legislativo: Aprobar la creación de un “Registro Ciudadano para la Inclusión Social” que funcione como padrón único y obligatorio para la asignación de todo tipo de subsidios y apoyos de los gobiernos federal, estatal y municipales, con enfoque de derechos y garantizando su transparencia, objetividad y vigilancia ciudadana.  Asignar presupuesto con base en resultados. Evitar los incrementos a los programas que sirven para “moches”, fortalecer los candados para evitar la desviación de recursos para la salud y para infraestructura social, así como incrementar presupuesto únicamente a programas con resultados (y no solo por su “nombre” o “propósito” declarado).  Reducir el financiamiento público  a los partidos, la propaganda gubernamental y prohibir los bonos y pagos extraordinarios. Tres acciones desde la ciudadanía: Vigilar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y de los 32 Sistemas Locales Anticorrupción, evitando su captura por los partidos, los poderes fácticos y los intereses de minorías. Exigir que las autoridades electorales investiguen y sancionen el uso de programas sociales y recursos públicos en campañas políticas. Castigar y sancionar cultural y políticamente a candidatos y partidos que “regalen” cosas en sus campañas, que lucren con la pobreza, que usen recursos públicos o programas destinados a lo social para fines proselitistas.

Agosto 2017 México vive dividido por la pobreza y la desigualdad. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una iniciativa de más de 60 organizaciones, presenta la Cohesión Social como un nuevo proyecto de nación. Este concepto busca cerrar las abismales brechas de desigualdad, garantizar el pleno ejercicio de derechos para todos y erradicar la corrupción. ¿Cómo lograrlo? A través de cuatro pilares: inclusión económica y trabajo digno, garantía universal de derechos (DESCA), fortalecimiento institucional con gobernanza democrática, y una nueva cultura de corresponsabilidad ciudadana. Te invitamos a sumergirte en las reflexiones de especialistas, autoridades y sociedad civil sobre el rumbo que debe tomar nuestro país. Es momento de actuar. JUNTOS PODEMOS #SíQueremos. Descarga aquí

Enero 2017 México necesita un nuevo rumbo. Ante la permanencia de la pobreza y el incremento de la desigualdad, la sociedad civil propone la iniciativa "Cohesión Social". Esta visión traza un nuevo proyecto de nación con el objetivo de garantizar los derechos de todas las personas y cerrar las brechas de desigualdad, impulsando acuerdos, rediseñando instituciones e impactando la cultura ciudadana. Descarga aquí

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9 de mayo, 2015. México es un país rico con alta pobreza y desigualdad. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza busca unir organizaciones para impulsar una economía y sociedad incluyentes. Sus objetivos son crecimiento económico con empleos dignos, seguridad social universal en 10 años, y participación ciudadana. Las primeras actividades incluyen una Red Nacional, la campaña #PresupuestoSinMoches y #CeroListasdeEspera. Un llamado a todos para construir un México próspero y justo.

En mayo de 2015, en respuesta a la persistente pobreza y desigualdad en México, nació la iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Su misión es clara: impulsar la exigencia ciudadana para cambiar las causas estructurales de estos problemas. El libro "De la Economía de Influyentes a la Sociedad Incluyente: Comunicados, Estudios y Documentos 2015" compila la agenda fundacional de esta organización. El diagnóstico central es que México, una de las economías más grandes del mundo, tiene un alto índice de pobreza y desigualdad. La iniciativa se enfocó en tres objetivos: transformar la economía de influyentes en una incluyente, construir un sistema de protección social universal (iniciando por el acceso efectivo a la salud) y promover la transparencia y rendición de cuentas. A través de acciones como la campaña "Cero Listas de Espera" y la exigencia del "Presupuesto Sin Moches", la organización demostró que la acción colectiva es vital para lograr un cambio de fondo. En este blog, exploraremos los documentos de 2015 que sentaron las bases para que México transite de una "sociedad de influyentes" a una verdadera "sociedad incluyente". Descarga aquí

Julio 2015 Los nuevos datos sobre ingresos y pobreza en México son una llamada de atención: 63.8 millones de personas tienen un ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, 3 millones más que hace dos años. Lo más grave es que el factor central de este incremento son los bajos ingresos y la persistente desigualdad. Desde la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, sostenemos que el "objetivo-país" debe ser erradicar la pobreza en esta generación. Esto requiere dos cambios de fondo: políticas económicas que promuevan la mejora del ingreso y políticas sociales con enfoque de derechos. Es urgente que la sociedad civil exija al gobierno y a los legisladores que el Paquete Económico 2016 inicie esta transformación. Enviar Descarga aquí

Con motivo de los Días Internacionales por la Alimentación (Octubre 16), por la Erradicación de la Pobreza (Octubre 17) y por la Información para el Desarrollo (Octubre 26) Reporte especial sobre los resultados del gobierno de México frente al Hambre y la Pobreza Descarga aquí

Llamamiento No. 2 Julio 12, 2015 El pasado mes de mayo iniciamos la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza para promover la movilización ciudadana a fin de enfrentar las causas que generan pobreza y desigualdad. Los objetivos de la Acción se centran en lograr una economía incluyente, el ejercicio efectivo de los derechos sociales y los mecanismos de participación ciudadana para vigilarlos y hacerlos exigibles.  Para avanzar en el ejercicio de derechos sociales, estamos iniciando con el derecho a la salud. Hoy presentamos la Campaña Cero Listas de Espera para promover el acceso efectivo a la salud de toda la población, especialmente de quienes viven en condición de pobreza y exclusión social.  Con esta campaña convocamos a la ciudadanía a exigir y a vigilar que se cumpla nuestro derecho a la salud y se eliminen las barreras que impiden la prestación efectiva de servicios.  La salud es un derecho humano básico. El sistema de salud en México está enfermo .  Sus padecimientos afectan su vigor, su capacidad y su vitalidad por lo que requieren atención de urgencia  y tratamiento  adecuado.  La carencia de acceso efectivo a la salud afecta a los más pobres y profundiza la desigualdad.  El recorte al presupuesto de 2016 no debe afectar la prestación efectiva de servicios de salud. Por el contrario se requiere ampliar la cobertura de los servicios para quienes aún carecen de acceso a la salud, especialmente para quienes carecen de seguridad social. Se debe garantizar el derecho a la salud Las y los mexicanos tenemos derecho a la salud y el Estado Mexicano debe garantizarlo.  La salud es un derecho humano establecido en tratados internacionales ratificados por México y reconocido por nuestra Constitución en su art. 1º.   La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure a toda persona la salud y el bienestar, así como la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. (Art. 25).  El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU obliga al Estado Mexicano a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental. Así como a adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho, mediante la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad (Art. 12).  Desde el año 2003 se estableció el derecho a la protección social en salud en el artículo 4º de la Constitución.  Como parte de esa reforma, se aprobó un nuevo capítulo en la Ley General de Salud para crear y regular el “Sistema de Protección Social en Salud” (que se conoce como “Seguro Popular”).   Esa reforma estableció un compromiso de incremento gradual hasta llegar a la cobertura total o “universal” de toda la población para el año 2010.  A cinco años de haberse vencido ese plazo, este compromiso no se ha cumplido. Padecimientos del sistema público de salud  El sistema público de salud debe garantizar el derecho a la salud para todos. Reconocemos su vitalidad y los avances logrados. Pero nos preocupan sus síntomas  de enfermedad que impiden el ejercicio del derecho a la salud para todas las personas. Diversos análisis y estudios permiten ver la “ radiografía ” de los padecimientos  que afectan la capacidad y efectividad del sistema de salud. Presentamos un conjunto de señales de alerta  que muestran la gravedad de los padecimientos del sistema público de salud en México.  A. Padecimiento congénito: un sistema fragmentado A nivel congénito , desde su origen el sistema público de salud está fragmentado y segmenta la atención a la población con base en su condición laboral. Las mexicanas y mexicanos reciben diferente protección a la salud según su contrato laboral. Hay 5 instituciones públicas que proveen servicios médicos asociados a la seguridad social a nivel nacional, hay más de dos docenas de instituciones de seguridad social para trabajadores de los estados y municipios, y hay 32 sistemas estatales que proveen servicios médicos vinculados al Sistema de Protección en Salud o “Seguro Popular”, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud.  Por normatividad entre todas estas instituciones hay diferencias en los recursos públicos asignados, en la cobertura de enfermedades, en los tratamientos, medicamentos e intervenciones incluidos por cada servicio y en su calidad.  Esta fragmentación genera diferencia de trato en el ejercicio del derecho a la salud para mexicanos y mexicanas . Esto viola el principio de universalidad y el derecho a la no discriminación previsto en el artículo 1º de nuestra Constitución. La fragmentación afecta sobretodo a 25 millones de personas que están totalmente excluidas. Pese a los anuncios hechos en 2012, tanto en informes oficiales como en spots publicitarios, aún no contamos con cobertura total de salud.  Los datos del CONEVAL para 2012 muestran que 21% de la población, es decir 25.2 millones de personas, no tiene acceso a servicios de salud.   B. Padecimiento crónico: inequidad que afecta a quienes viven en pobreza y en zonas con mayor rezago social El sistema público de salud presenta también un problema crónico  de inequidad que produce desigualdad de trato para quienes viven en condición de pobreza. La población de mayores ingresos recibe más recursos y mejores servicios que quienes viven en condición de pobreza. El “paquete de servicios y tratamientos” del “Seguro Popular” es mucho menor al de la seguridad social a través del IMSS, el ISSSTE o instituciones similares.  La carencia de seguridad social que padece el 61% de la población afecta sobretodo a los más pobres. Solo el 4% de los hogares con menores ingresos (el decil I) tiene seguridad social, mientras el 63% de los hogares con mayores ingresos (el decil X) tiene seguridad social.  Esto es una diferencia de 15 a 1 entre el 10% que tiene los ingresos más altos y el 10% que tiene los ingresos más bajos.   El Estado Mexicano gasta cada año $2,000 pesos más por persona para quienes tienen seguro social que para quienes no lo tienen. C. Padecimientos digestivo y circulatorio: recursos que no se asimilan, no rinden y no llegan a donde deben llegar El padecimiento “ digestivo ” del sistema de salud afecta el correcto aprovechamiento de los recursos. El sistema público de salud ha sido “ alimentado”  con recursos crecientes en los últimos 10 años y esto no se refleja en un incremento en la capacidad y la calidad de la atención.  Entre 2004 y 2013 el gasto público total en salud pasó de 231 mil millones de pesos a 524 mil millones, esto es un incremento de 58% en términos reales.   El principal incremento ha sido para población sin seguridad social, pasando de 75 mil millones de pesos en 2004 a 232 mil millones de pesos en 2013. Esto es un incremento de más del doble en términos reales, o sea 114% más. Este incremento presupuestal no se ha traducido en un incremento similar en la capacidad, en la calidad y en la oportunidad de la atención en salud.  Los recursos no se “ digieren ” bien, porque hay un padecimiento circulatorio . Los presupuestos para la atención a población sin seguridad social se canalizan a los gobiernos estatales, que son los responsables de la prestación de los servicios a través de los Servicios Estatales de Salud.   El padecimiento circulatorio  impide que los recursos lleguen a tiempo y en cantidad a donde deben llegar. Es decir, a las unidades de salud, tanto a las de primer nivel que prestan servicios ambulatorios o de consulta externa, como a las de segundo y tercer nivel que ofrecen servicios de hospitalización.   Pese al incremento de recursos totales en 58% y más del doble (114%) para población sin seguridad social, entre 2004 y 2013 el número total de unidades de salud se incrementó sólo en 14%; el número de establecimientos con servicios de hospitalización se incrementó en 23% y sólo hay 13% más camas en hospitales. D. Padecimiento inmunológico: Mecanismos de defensa desarticulados Los mecanismos de “ defensa”  del sistema de salud no están bien articulados y se están deteriorando. El sector salud cuenta con sistemas de información sobre calidad de los servicios y atención a quejas. Sin embargo, no están bien integrado s  porque se alimentan parcialmente, pero sobretodo porque están aislados de la gestión directa y de la toma de decisiones.  Por ejemplo, los indicadores de calidad del sistema INDICAS no están completos para el conjunto de establecimientos de salud y tampoco se conectan con las decisiones de planeación y gestión de los recursos.  La ciudadanía no cuenta con medios ágiles, sencillos y efectivos de exigibilidad. El Aval Ciudadano tiene instrumentos y materiales muy bien elaborados, pero carece de medios para hacer exigible la atención y tiene poca o nula influencia en la gestión de los servicios.. En la práctica es una contraloría social sin autonomía porque depende de la Dirección General de Calidad de la Secretaría de Salud y sus contrapartes en los estados. E. Una grave señal de alerta: no se reduce la mortalidad materna Entre las señales de alerta, concluimos con una que representa un escándalo a nivel internacional. El único de los Objetivos del Milenio que México no cumplirá es la reducción de la mortalidad materna. Bastaría solo ese indicador para generar una señal de alerta urgente sobre el sistema de salud. Este objetivo es un parámetro mínimo, destinado a países de muy bajo desarrollo.  Resulta inaceptable que el incremento de recursos no haya sido efectivo para alcanzar este objetivo mínimo. F. Tratamiento que no funciona bien El tratamiento  para enfrentar algunos de los padecimientos  del sistema de salud no está funcionando. El sistema financiero creado para garantizar protección social en salud para la población sin afiliación a la seguridad social -conocido como “Seguro Popular”- presenta deficiencias en su gestión y organización.   La Comisión Nacional de Protección Social en Salud tiene un presupuesto federal de $77,394 millones de pesos en 2015 que en su mayoría se canalizan a los estados.  Su presupuesto se ha multiplicado por 16 entre 2004 y 2015. Los gobiernos estatales deben aportar además otros 25 mil millones de pesos más, para un total de 100 mil millones de pesos en 2015.  El tratamiento no ha logrado cumplir su promesa original: colocar estos recursos en la prestación del servicio y evitar el “gasto de bolsillo” para las personas. De acuerdo con los expertos, el máximo de gastos de bolsillo sería entre 15 y 20% del total. En México, los gastos de bolsillo, es decir, el costo que deben cubrir las personas en caso de necesidad de un servicio, medicamento o tratamiento, representa el 44% del total. El crecimiento de los consultorios adyacentes a farmacias privadas es un síntoma  evidente de la incapacidad de los servicios públicos para garantizar atención oportuna y ágil.  Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública muestra que el casi el 70% de los usuarios de consultorios adyacentes a farmacias están afiliados: 39% al “Seguro Popular” y 29.5% a la seguridad social. Hay evidencia de que en estos consultorios se recetan más medicinas, lo cual incrementa el gasto de las personas (gasto de bolsillo).  Un estudio de la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) estima que el 79% del gasto total en medicamentos en México lo pagan las personas como gasto de bolsillo. Se requiere un conjunto de intervenciones urgente y de fondo Proponemos a la sociedad mexicana unir las voces y todos los esfuerzos en torno a un objetivo y cinco exigencias: El objetivo es construir un sistema de salud integrado que garantice acceso efectivo a servicios de salud a toda la población, sin distinción de su régimen laboral .  Las cinco exigencias son: Que se cumpla la cobertura universal de salud para toda la población,. Que se homologuen progresivamente los tratamientos accesibles para toda la población con base en los más altos estándares de la seguridad social .  Que se establezcan responsabilidades de gestión y rendición de cuentas para los servicios estatales de salud.  Que se genere un mecanismo de exigibilidad para el acceso efectivo a la salud.   Que se transparenten los indicadores de calidad de atención y acceso efectivo a los servicios a nivel de cada establecimiento de salud.  1. La primera exigencia de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es que se cumpla con la cobertura para toda la población, a fin de que todas las personas, sin distingos de su contrato laboral, puedan tener acceso a servicios de salud con calidad y oportunidad como lo establecen la Constitución y la Ley General de Salud.   Para ello, la Secretaría de Salud debe establecer un plan multianual de incremento de cobertura del Sistema de Protección Social en Salud .  En un plan de crecimiento gradual, los hogares con menor ingreso y las zonas con mayor rezago social deben ser priorizados. El padrón único de usuarios de los servicios públicos de salud es imprescindible para dar cobertura a toda la población.  2. La construcción de un sistema de salud integrado requiere ampliar gradualmente el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) del “Seguro Popular” y la cobertura del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos con el horizonte fijo en un sistema único, integrado, con tratamientos homologados, que cumpla con el art. 1º de la Constitución.   La Secretaría de Salud debe establecer un plan multianual con metas a 10 años para lograr la integración del sistema, la ampliación de tratamientos cubiertos hacia la homologación y la equidad en el gasto público en salud para toda la población, conforme a los principios de universalidad y progresividad. El principio de progresividad es esencial para lograr la homologación de la cobertura conforme a los más altos estándares de atención logrados por la seguridad social en nuestro país y evitar posibles regresiones.   3. Los recursos destinados a la salud no pueden recortarse.  #PresupuestoSinMoches es una exigencia de transparencia y es también una exigencia de priorización.   En 2016 se debe incrementar la cobertura del Sistema de Protección Social en Salud  para que a más tardar en 2018 se logre el acceso a servicios de salud para toda la población. Para evitar el dispendio o desviación de los recursos, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) y la Ley General de Salud deben fijar responsabilidades y establecer una real rendición de cuentas para obligar a los gobiernos de los estados a aplicar los recursos presupuestales de salud de manera eficiente y transparente.   Este Decreto (DPEF) debe obligar a los Servicios Estatales de Salud a generar información transparente, clara, suficiente y oportuna sobre el flujo de recursos para cada uno de los establecimientos con un desglose claro y completo.  Todos los recursos del Sistema de Protección Social en Salud, federales y estatales, deben transparentarse a fin de que las unidades médicas cuenten con el personal, el equipamiento, los insumos y en general las condiciones para atender a la población afiliada .  Por ningún motivo se puede sustituir la prestación de estos servicios por su monetarización y privatización a través de “vales” que desvíen recursos públicos a farmacias privadas. 4. El acceso debe ser efectivo. No basta la afiliación de papel.  Las autoridades de Salud a nivel federal, los responsables de las instituciones de seguridad social y especialmente a nivel de las entidades federativas deben generar un mecanismo de exigibilidad  para que toda persona afiliada reciba la atención que requiere, de manera oportuna, completa y adecuada.   La población debe contar con mecanismos de atención inmediata a quejas por la negación o dilación del servicio. Este mecanismo debe corregir en tiempo oportuno la posposición o negación de servicios de consulta externa, tratamientos, medicamentos e intervenciones quirúrgicas y contar con amplia participación ciudadana.  5. Para iniciar la transformación, los Servicios Estatales de Salud y las instituciones de seguridad social deben contar con indicadores y evaluaciones de acceso efectivo a la salud. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud debe normar y supervisar el cumplimiento con estándares de acceso efectivo y establecer formas efectivas de transferencia de recursos por parte de los Servicios Estatales de Salud hacia la prestación del servicio.  El monitoreo constante de indicadores de acceso efectivo por parte de las autoridades y de la sociedad son la base para la mejora del servicio y su planeación.   Llamado a la Acción La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza convoca a la ciudadanía a impulsar una campaña de exigencia y observación ciudadana por el acceso efectivo a la salud, bajo el lema “Cero Listas de Espera ”, con los siguientes objetivos: Fomentar la participación ciudadana en los programas y políticas de salud, especialmente en las regiones con mayor pobreza y rezago social, como un ejercicio de construcción de ciudadanía activa y participativa.  Sensibilizar e informar a la sociedad sobre los problemas que persisten para el acceso efectivo a la salud y exigir a los diputados y a las autoridades federales y estatales enfrentarlos con seriedad y sin dilación.  Medir de manera independiente los principales indicadores de acceso efectivo a la salud, como son: (i) surtimiento completo de medicinas, (ii) tiempos de espera para realización de estudios médicos, cirugías y otros tratamientos complejos, (iii) permanencia de gastos de bolsillo y (iv) otras posibles irregularidades que se presenten en los establecimientos de salud. Exigir a las autoridades federales y estatales de salud así como a los diputados cambios inmediatos para (i) mejorar la información pública abierta sobre la prestación efectiva de los servicios de salud, (ii) mejorar el alcance y uso de las evaluaciones sobre las variables del acceso efectivo a la salud y (iii) garantizar la autonomía del “Aval Ciudadano” con una mayor inclusión de organizaciones civiles y su integración con una instancia de participación ciudadana en cada estado y a nivel federal, a fin de fortalecer esta figura como instancia de contraloría social auténtica y efectiva de los servicios de salud. La actividad principal de esta campaña es un ejercicio de observación ciudadana que realice una medición independiente de algunas variables básicas del acceso efectivo a la salud a través de una metodología basada en “tarjetas de medición ciudadana” (usadas con éxito a nivel internacional y conocidas como “ citizen scorecards ”).  La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza invita a organizaciones civiles y grupos ciudadanos en todo el país, a participar en este ejercicio de observación ciudadana para vigilar al menos 300 establecimientos de salud en al menos 25 de las 234 jurisdicciones de salud, en al menos 17 entidades federativas , durante los meses de julio, agosto y septiembre del presente año.  Los resultados de este ejercicio de observación servirán para elaborar un reporte sobre el acceso efectivo a la salud que será presentado a la Cámara de Diputados y a las autoridades federales y estatales de salud en el mes de octubre  y proponer acciones para mejorar el acceso efectivo a la salud y para la mejora de la calidad de la atención para todos, con especial atención a la equidad para garantizar la atención de la población que vive en pobreza. Asimismo permitirá exigir al Gobierno de México que asuma metas específicas para lograr el objetivo de cobertura universal y acceso efectivo a la salud como parte de sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible post 2015 que se fijarán en la Cumbre Mundial de la ONU en Septiembre.  Reconocimiento La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza tiene entre sus estrategias visibilizar las experiencias y logros de las organizaciones civiles que llevan décadas trabajando de manera directa frente a la pobreza y la desigualdad en todo el país. Esta campaña recupera y está motivada por la experiencia de múltiples organizaciones civiles que han promovido mejoras efectivas en la atención en salud.   Por ejemplo, recoge la experiencia de “La Rebelión de los Enfermos” impulsada por Sonora Ciudadana que ha conseguido importantes logros en el ejercicio del derecho a la salud en Sonora y Sinaloa.  También reconoce la experiencia de las organizaciones por la salud sexual y reproductiva que han promovido importantes iniciativas como la creación del Observatorio de Mortalidad Materna. También asume la experiencia de las organizaciones asociadas en la Red por la Salud que han promovido la difusión y ejercicio de los derechos de los pacientes, así como las acciones de las asociaciones que han promovido la cobertura de enfermedades y padecimientos graves como el cáncer infantil y el VIH, o la exigencia de las organizaciones para la inclusión de tratamientos que se encuentran aún pendientes y no son cubiertos en el Fondo de Gastos Catastróficos. De manera general dado que es imposible mencionarlas a todas, reconocemos el trabajo de cientos de grupos y organizaciones en todo el país que promueven el derecho a la salud en las zonas indígenas, en el campo, en las ciudades; a quienes han realizado ejercicios de contraloría social, a quienes participan como “Avales Ciudadanos” y también a quienes desde la investigación y el sector académico han diagnosticado con precisión los cambios requeridos para mejorar el sistema de salud y evitar el despilfarro o desviación  de sus recursos.    Este es el momento de articular esfuerzos y unir nuestra voz para promover el derecho a la salud.  Vamos juntos por el acceso efectivo a los servicios de salud .